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política. Sucedió sin embargo un hecho que aumentó todavía más la presión internacional en
favor de una salida negociada a la violencia: la insurrección zapatista en Chiapas. Para EE.UU,
que acababa de firmar el Acuerdo de Libre Comercio con México, la paz en Guatemala adquirió
una importancia geoestratégica de primer orden, ante el peligro de que el foco guerrillero se
extendiera hacia la Selva Lacandona.
Aunque de León hizo poco para limitar el poder del ejército, en 1994 gobierno y guerrilla
acordaron que una Misión de las Naciones Unidas (MINUGUA) verificará el cumplimiento de
los acuerdos entre las partes, fundamentalmente en los temas que hacían referencia a los
derechos humanos y la desmilitarización. Con la presencia de las Naciones Unidas, las fuerzas
del Estado, especialmente el ejército, vieron rebajado su límite a la hora de emplear la violencia
y las ejecuciones extrajudiciales contra la población. A pesar de lo cual, el límite permaneció
todavía muy alto. Según los datos de las organizaciones de derechos humanos en Guatemala,
durante el gobierno del ex-Procurador de DD.HH se cometieron 138 ejecuciones
extrajudiciales, 108 desapariciones, 69 atentados, 2 masacres, 99 niños desaparecidos y 1062
asesinatos jamás esclarecidos. Se destinaron, eso sí, más recursos que en ningún otro periodo
para investigar abusos, hacer estudios y a promover el respeto a los derechos humanos (Ball,
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Kobrak y Spirer). En 1995 (un año antes de la firma definitiva de la paz), el clima de violencia
hacía habituales los secuestros, [y] los asesinatos diarios, un promedio de ocho a once
cadáveres [aparecían] en distintos puntos del país, sobre todo en áreas urbanas (Menchú. 39),
pero también el medio rural seguía sufriendo la violencia del ejército.
La masacre de Xamán
En octubre de 1992, el gobierno y representantes de los refugiados firmaron los
acuerdos para el retorno de estos. Las garantías ofrecidas abrían la esperanza a la
seguridad y a la dignidad para las comunidades indígenas deseosas de volver a sus
pueblos (o a lo que quedaba de ellos). Más de una década después, los refugiados de la
comunidad de Xamán (en Alta Verapaz) podían volver a su tierra. En su apresurado
camino de ida hacia México, estos indígenas, perseguidos por el ejército, habían tenido
que abandonar los cadáveres de familiares en tumbas (algunos) y barrancos (los menos
afortunados). El ejército había arrasado su poblado no dejando rastro ni de casas ni de
cultivos. Tras la firma del acuerdo con el gobierno de Guatemala, esta comunidad -que
se había constituido como cooperativa- tuvo acceso a una finca que ellos bautizaron
con el nombre de "Aurora 8 de octubre". Un año después (en 1995), la comunidad
intentó celebrar su primer aniversario con bailes, festejos, renovación de cargos
populares, bautizos de niños... El ejército no quiso perderse la fiesta, por eso se
acercaron hasta la finca con fusiles, ametralladoras y lanzagranadas. Era la primera vez,
desde la llegada de los refugiados, que lo hacían. Veinticinco soldados al mando de un
suboficial, Antonio Lacán, (todos ellos indígenas) llegaron hasta el centro del pueblo
con ganas de "participar en la fiesta". Sólo la intrusión del ejército en una finca privada,
propiedad de la comunidad indígena, era ya de por sí una violación de los acuerdos que
el gobierno había firmado con la MINUGUA. Así se lo hicieron saber al suboficial, al
tiempo que se les comenzó a increpar para que abandonaran la finca. A una señal del
suboficial, los soldados abrieron fuego contra la población congregada que huyó
despavorida. Once muertos. Niños, mujeres y jóvenes. Asesinados por la espalda
mientras corrían, rematados en el suelo, acribillados sólo por ser indígenas. Veintiséis
heridos. Xamán pasó de ser un modelo de convivencia a engrosar la larga lista de
masacres cometidas contra la población maya. El gobierno culpó a un grupo de mujeres
por atacar e intentar arrebatar las armas a la patrulla militar que, casualmente, pasaba
por allí. El abogado de los militares publicó la versión de que Xamán era parte de una
conspiración comunista mundial, ejecutada por Mónica Pinto (experta independiente de
Naciones Unidas para Guatemala), quien aprovechando su viaje a Guatemala preparó
una trampa al grupo de soldados que, mediante engaños, fueron llevados a la fuerza por
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